La aerolínea irlandesa Ryanair, hace unos meses, interpuso una demanda en el Tribunal Supremo contra la oficina del Primer Ministro y la oficina del Fiscal General.
La demanda se basó, según los abogados de Ryanair, en medidas de viaje inconstitucionales.
Ryanair pidió el levantamiento de las restricciones de viaje que se introdujeron a principios de julio. También cuestionó las recomendaciones de un período de cuarentena de 14 días para las personas que viajan a Irlanda desde países que no están en la lista verde.
Ryanair también cree que estas restricciones son inconstitucionales y violan las Leyes de Seguridad y Salud de 1970 y 2020, así como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
En su denuncia, Ryanair también alegó que las medidas que la compañía aérea considera «restricciones a los viajes internacionales» eran ilegales y constituían una injerencia desproporcionada en sus derechos y en los derechos de sus pasajeros.
La aerolínea también buscó levantar las medidas anunciadas por el gobierno a fines de julio.
La Corte Suprema dictó una sentencia en la que dictaminó que el gobierno irlandés actuó legalmente.
